En un giro inesperado para la historia judicial de México, un Tribunal Colegiado ordenó este martes 31 de marzo de 2026 la reapertura del proceso penal para investigar las denuncias de tortura realizadas por Mario Aburto Martínez. El asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta ha sostenido durante décadas que su confesión inicial y diversas declaraciones ministeriales fueron obtenidas bajo coacción física y psicológica por parte de agentes del Estado tras su detención en Lomas Taurinas en 1994. Esta resolución obliga a las autoridades competentes a realizar un peritaje exhaustivo bajo los estándares internacionales del Protocolo de Estambul.

La decisión judicial responde a un amparo promovido por la defensa de Aburto, la cual argumenta que las omisiones en la investigación de estos actos de tortura viciaron todo el proceso legal que lo mantiene en prisión. Con esta orden, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá asignar un equipo especial para deslindar responsabilidades sobre los funcionarios que custodiaron al detenido durante las primeras horas del magnicidio.

«La justicia no puede estar completa si se basa en actos que vulneran los derechos humanos; investigar la tortura es una deuda pendiente con el debido proceso en este país»

, señalaron fuentes cercanas al Poder Judicial.

Implicaciones legales y el impacto en la opinión pública

El anuncio ha reactivado el debate nacional sobre la veracidad de la «tesis del asesino solitario» y las posibles redes de complicidad en el caso Colosio. En X (antes Twitter), especialistas en derecho han analizado el alcance de esta reapertura bajo el hashtag #CasoAburto, mientras que en Instagram, la cuenta de @latinus_us ha recordado los puntos clave de la sentencia original.

«Reabrir la investigación de tortura no implica la libertad inmediata, pero sí pone en duda la validez jurídica de las pruebas que sustentaron la condena de 45 años»

, comentaron analistas legales en plataformas digitales.

Mario Aburto, quien actualmente cumple su condena en un centro de readaptación federal, ha buscado por diversos medios legales reducir su sentencia basándose en la aplicación del código penal estatal de Baja California vigente en la época de los hechos. Sin embargo, esta nueva línea de investigación por tortura abre una vertiente de derechos humanos que podría escalar hasta organismos internacionales si el Estado mexicano no logra acreditar un proceso transparente y apegado a la ley en los próximos meses.

Finalmente, este fallo representa un desafío técnico para la FGR debido al tiempo transcurrido y la dificultad de recabar testimonios frescos de los involucrados en 1994. No obstante, el tribunal ha sido enfático en que la tortura es un delito que no prescribe cuando se comete en contextos de violaciones graves a las garantías individuales.

«El Estado tiene la obligación de esclarecer si hubo maltratos; el derecho a la verdad es fundamental tanto para el sentenciado como para la sociedad mexicana que busca cerrar este capítulo»

, concluyó el reporte sobre esta trascendental determinación judicial.

Fuente: Latinus / Poder Judicial de la Federación