“La libertad no es un punto de partida, es una meta que debemos construir colectivamente”, sostuvo Fabiana Estrada Tena, Magistrada Federal y especialista en derecho, en una ponencia ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potoí, que marcó un momento crucial para repensar el papel de la justicia en México. En un país donde el acceso a los derechos fundamentales aún presenta profundas desigualdades, la ministra subrayó que democratizar la justicia es una tarea impostergable, no solo desde el acceso institucional sino también desde su dimensión simbólica y social.

La propuesta de elección directa de jueces y juezas, impulsada a partir de la reforma judicial de 2021, ha generado un amplio debate nacional. Pero Estrada Tena, jurista de amplia trayectoria, considera que esta transformación no debe limitarse a la controversia coyuntural, sino asumirse como una oportunidad para que la ciudadanía redefina la justicia como un valor público colectivo, profundamente vinculado con la democracia sustantiva.

En su exposición, la ministra realizó un recuento del desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte, dividiendo su evolución en tres momentos clave: la consolidación de su función como tribunal constitucional en la novena época (1994–2011); la apertura hacia los derechos humanos en la décima época (2011–2021); y la reciente consolidación de su rol como intérprete máximo de la Constitución, con la introducción del precedente judicial obligatorio a partir de una sola sentencia calificada.

Estos avances, aunque significativos, no han sido suficientes para cerrar las brechas de acceso ni garantizar una justicia que refleje la pluralidad del país. Por ello, Estrada Tena enfatizó que el nuevo paradigma constitucional debe asumir el reto de “construir libertad”: no como un derecho abstracto, sino como una realidad tangible para quienes enfrentan condiciones estructurales de desigualdad.

“¿Qué libertad tiene una persona que nace en una comunidad indígena marginada, o una mujer que no puede caminar con seguridad por las calles de su ciudad?”, preguntó con firmeza. Bajo esta visión, la justicia no puede seguir siendo diseñada ni aplicada desde una lógica homogénea ni burocrática. Necesita reflejar la complejidad social de México.

Aunque actualmente contiende como candidata a ministra bajo este nuevo modelo, Estrada Tena evitó personalizar la reforma, enfocándose en los cambios estructurales que esta propone. Destacó que la elección de personas juzgadoras por voto popular no sólo otorga poder a la ciudadanía, sino que obliga a las y los aspirantes a presentarse públicamente, a transparentar sus trayectorias, y a rendir cuentas directamente ante el pueblo.

Asimismo, defendió que este modelo abre la puerta a la diversidad profesional, reconociendo que quienes han trabajado en la academia, en la defensa de derechos humanos o en la abogacía independiente también poseen la preparación e idoneidad necesarias para juzgar con legitimidad y competencia. “El acto de juzgar no puede estar desligado de la experiencia, la identidad y los valores de quien juzga. La objetividad no implica neutralidad frente a las injusticias”, afirmó.

Uno de los puntos más relevantes en su intervención fue la insistencia en que la justicia debe ser construida desde abajo, con la participación de todas las voces, especialmente de quienes históricamente han sido excluidos del sistema judicial. Esta democratización no se limita a lo electoral, sino que implica una justicia que represente y responda a la realidad social del país.

“La justicia no es un concepto unívoco”, explicó. “Lo que es justicia para una madre buscadora, para un activista ambiental o para una comunidad indígena, puede tener matices distintos. Y es por eso que necesitamos diversificar los perfiles que imparten justicia.”

Reconoció también las críticas legítimas que han surgido, particularmente en torno a la posible afectación de la independencia judicial. No obstante, Estrada Tena defendió que ningún sistema la garantiza por sí mismo, y que esta radica, ante todo, en la integridad de las personas juzgadoras. La elección popular —sostuvo— empodera a quienes acceden al cargo y les permite resistir mejor las presiones políticas o económicas.

“La independencia no se protege con solemnidad ni con opacidad, sino con transparencia y compromiso público”, señaló. En este sentido, instó a la ciudadanía a informarse, a participar activamente en los procesos de elección judicial, y a asumir el rol de vigilante permanente del sistema de justicia.

El mensaje final de Fabiana Estrada Tena fue claro: estamos ante un nuevo momento constitucional que nos obliga a redefinir el pacto social que da sentido a nuestras instituciones. Si en el pasado la Corte asumió su rol como guardián del diseño institucional y luego como garante de los derechos humanos, hoy debe construirse como un órgano verdaderamente representativo, sensible y plural.

“La justicia no se decreta: se construye, se vive, se reclama y se defiende desde la libertad y la igualdad sustantiva,” concluyó. La transición hacia una justicia democrática no está exenta de desafíos, pero representa, quizás como nunca antes, una posibilidad de transformación profunda para el país.